Teniendo en cuenta nuestra experiencia, esta es una situación que se da muy poco. Normalmente si hay una buena relación entre inquilino y propiedad nunca se suelen producir este tipo de incidentes.

Para cubrir posibles desperfectos en el piso existe la fianza (1 mes de renta) que el inquilino entrega en la firma del contrato de alquiler. Sin embargo esta cantidad puede cubrir pequeños desperfectos (como arañazos en una puerta, una baldosa rota…), habituales después de algunos años de vivir en el piso.

Existe también la Garantía Adicional, que es cualquier cantidad que el propietario decida añadir a la fianza. Sin embargo no es nada recomendable ya que hace sumamente difícil encontrar un inquilino que esté dispuesto a desembolsar una cantidad importante de dinero para una garantía adicional, cuando en la mayoría de pisos no se pide.

Hay otros productos, como son los seguros de protección de pago, o la opción de añadir un avalista solidario por ejemplo, que son puntos a tener en cuenta a la hora de iniciar un contrato de alquiler, que ayudan en gran medida, en el caso que esto suceda, y por último, siempre nos queda iniciar un proceso judicial de reclamación.

Lo más recomendable es dialogar con el inquilino en primera instancia. Tratar de solventar el tema planteando un plan de pago y si la situación es irremediable, pactar un día concreto para la salida de la vivienda. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la mayoría de problemas de pago se solventa de este modo.

En caso que la primera opción no prospere o el inquilino nos ignore, la decisión de iniciar un proceso de desahucio debe ser INMEDIATA. Para ello lo más recomendable es contactar con un abogado especializado en este tipo de situaciones. En caso que se haya contratado un administrador para la gestión del contrato de alquiler, solemos encargarnos de los trámites (no así de las costas).

Existe también la opción de contratar un seguro de impago de la renta. Existen varios productos según la aseguradora, pero la mayoría cubren de 6-11 meses de impago, todas las costas y gestiones judiciales del proceso de desahucio. Su coste suele oscilar alrededor del 5-6% del valor de la renta.